El compliance en el Sector Público debe entenderse como una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, además debe enfocarse en la optimización de la gestión pública, controlar la economía y finanzas y mejorar la calidad de los servicios.
Según la Ley 18.575, los órganos del Estado deben ser probos, eficientes y transparentes en su actuar. Más aún, bajo la Ley 19.913, es obligatorio para varias instituciones públicas reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero a la Unidad de Análisis Financiero. Asimismo, las leyes, reglamentos y dictámenes de Contraloría pueden perfectamente interpretarse armónicamente con su aplicación.
El compliance público ofrece varios beneficios para la sociedad y las instituciones, como prevenir la corrupción, fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la eficiencia y eficacia institucional, el cumplimiento de leyes y normas aplicables y la prevención de sanciones y multas.
Es necesario para evitar malas praxis, como corrupción, lavado de dinero, fraude y desvío de dinero, entre otras cosas.
La adopción de la función de compliance en el sector público no sólo es útil, sino también es necesaria para fortalecer los mecanismos que han sido establecidos en la administración pública para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos legales a los que las dependencias y las entidades se enfrentan.
Luis Fernando Aguilar Villanueva señala que:
“El gobierno es la agencia de dirección del Estado, el dirigente de la sociedad que existe en forma de Estado. En la sociedad moderna, estructurada por el ordenamiento normativo del Estado, el gobierno es el agente rector, pero no es el único ni el supremo, porque su acción directiva está delimitada por las
leyes y los presupuestos que aprueba el poder legislativo y por las sentencias vigilantes del poder judicial.” (Aguilar, 2021)